Editoriales

martes, 29 de junio de 2010

Estatut: Ni los unos, ni los otros; Cataluña hispánica y foral.


En Cataluña debe prevalecer el Derecho catalán. Pero solo el verdadero Derecho fundamentado en la rica Tradición jurídica de la Corona de Aragón. Repugna tanto la apelación bastarda a los derechos históricos invocada por los nacionalsocialistas, hecha desde el más radical europeísmo y desde la Modernidad jurídico-política (lo que es una antinomia y una aporía monumental); como la pretensión uniformista, desconocedora de la Tradición catalana, reduciendo nuestro territorio a meras "provincias" de un Estado centralista. Un nuevo poder enfocado al "mal común", como el derivado de la falsa Generalitat nacionalsocialista deviene en tiránico, por tanto hay un problema de legitimidad en si mismo, pese a la exaltación usurpadora de unos símbolos históricos que no le pertenecen.

Al estar viciada la legitimidad fundamental de todo el marco institucional hispánico resulta imposible hablar con propiedad de autogobierno por mucho que se produzca una descentralización. Solo la restauración foral, emanada de un poder legítimo asegura la verdadera continuidad de los derechos históricos. La restauración foral ha de adaptarse a las nuevas exigencias del contexto presente para frenar eficazmente la globalización y el sometimiento a instituciones supranacionales. No seria contrario a la Tradición que el poder Real asumiese franquicias y facultades históricamente de los reinos, siempre para el servicio del bien común de toda la Monarquía. Pero nunca en base al axioma liberal igualitarista.

El poder político no tiene legitimidad asimismo para inmiscuirse en los cuerpos intermedios, también protegidos por sus propios Fueros. Precisamente en el nuevo Estatuto se redobla el inmiscuimiento de lo público sobre las organizaciones sociales, dictando compartamientos, duplicando burocracias y ahogando a impuestos a familias, asociaciones, universidades no públicas, etc.

No podemos desconocer tampoco que la lengua catalana es la propia de Cataluña, pero el castellano se configura como lengua común de las Españas, y que su uso en Cataluña, tanto en comunicaciones oficiales, privadas como en la producción literaria, así como las aportaciones realizadas desde Cataluña ha dicha lengua son históricos desde antes de las imposiciones liberales. Por tanto también resulta un absurdo ilegítimo la imposición de una sobre otra en el trato privado o comercial.

La Sentencia del TC no responde más que a las componendas de un sistema débil. Acabar con él es exigencia para la verdadera restauración del derecho foral catalán.

3 comentarios:

  1. Fragmento del Manifiesto de la Comunión Tradicionalista de octubre de 2003, donde queda claro la importancia y necesidad de NO fragmentar el ideario carlista, exagerando y por tanto falseando algún principio, al cercenarlo de su contexto y ralación, que es donde toma sentido:

    CARLISMO Y UNIDAD

    Carlismo y unidad evoca, sí, la conveniencia de reagrupamiento de las fuerzas –por más que hoy estén menguadas respecto de las de otros momentos– que se tienen por carlistas. Pero no es el mensaje más importante. Esa unidad, para tener valor, debe venir precedida de no pocos esclarecimientos y seguida de no menos rigor.
    Lo que, en un primer momento, quiere significar el lema es la necesidad de recuperación del carácter unitario, íntegro, del Carlismo como fenómeno histórico y político. La fragmentación que acompañó a la crisis de la Cristiandad no ha dejado de producir frutos de escisión, unilateralidad, parcialidad. El Carlismo, como custodio del espíritu de Cruzada de la vieja Cristiandad prolongada en las Españas, es una bandera dinástica, una continuidad histórica y una doctrina cabalmente tradicionalista. La bandera dinástica es el legitimismo, del que el Carlismo no puede abjurar y del que tampoco puede prescindir sin dejar de ser Carlismo. La continuidad histórica es la de las Españas como Cristiandad menor: sin el Carlismo el ser histórico de España habría perecido por la Revolución liberal, de modo que la supervivencia de un modo de ser, el de los pueblos hispánicos, ha sido preservado por el Carlismo. Y la doctrina tradicionalista no es una ideología, esto es, no es una pura asunción arbitraria e infundada ajena a la naturaleza de las cosas: es una doctrina que busca dar razón de las cosas.

    Cuando los elementos anteriores, forjados esforzadamente hasta componer una realidad indestructible, se escinden o se toman separadamente, el Carlismo como unidad desaparece. Eso pasa cuando se olvida el legitimismo, cuando se deja de lado la vinculación con la continuidad histórica hispánica o cuando se cede en algún punto del ideario tradicionalista, aunque fuere a título de "hipótesis", para aceptar las tácticas o los principios de la ideología, esto es de la Revolución: sea ésta liberal, conservadora, socialista o fascista. Esto es lo que acontece en buena parte de las fuerzas que se dicen hoy carlistas. Que han caído, por poner variados ejemplos, en el agnosticismo dinástico, la fragmentación del ideario (la absolutivización y desnaturalización del foralismo, o el delirio socialista autogestionario, entre otras) y la táctica democristiana de los "católicos en la vida pública"...

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  2. "El poder político no tiene legitimidad asimismo para inmiscuirse en los cuerpos intermedios."
    Usted lo ha dicho. Hasta que no se comprenda la necesidad de restaurar la autonomía de las entidades intermedias, que a mi entender es la exigencia del “fueros” del tetralema, no podemos ni soñar que el Estado liberal revolucionario se empiece a fracturar.

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  3. LA VERDAD DE LA MANIFESTACIÓN (AGENCIA FARO)

    Las separatistas, en exigencia del nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña (ligeramente reformado por el Tribunal Constitucional), que gozaron del apoyo del Gobierno (de ocupación) de España y de gran aparato mediático. La que tuvo lugar en Barcelona el sábado 10, encabezada por el socialista cordobés José Montilla Aguilera, obtuvo grandes titulares que inicialmente reflejaban cifras disparatadas: 1.500.000 manifestantes según la organización nominalmente convocante, la imperialista Òmnium Cultural; 1.100.000 según la Guardia Urbana, también a las órdenes de los pro Estatuto. Sin embargo, un corresponsal catalán ha facilitado a FARO un cálculo más sobrio:

    99.240 metros cuadrados de recorrido:
    1220 x 42 de Paseo de Gracia + 1200 x 40 de Gran Vía.

    A 2 personas por metro cuadrado, 198.480 manifestantes.
    A 3 personas por metro cuadrado, 297.720 manifestantes.
    A 4 personas por metro cuadrado, 396.960 manifestantes.
    Y eso siendo muy generosos:

    Se han añadido unos 1200 metros cuadrados al recorrido por Gran Vía.
    Se han añadido Plaza Tetuán y unos 800 metros cuadrados continuación de Gran Vía.
    No se han restado los 250 metros cuadrados de la "senyera", ni tantos otros espacios ocupados por coches de los medios de comunicación, policía y/o políticos, los espacios libres delante de las varias cabeceras, árboles, bancos y demás mobiliario urbano.
    Tampoco se han restado los metros cuadrados de las aceras laterales de Paseo de Gracia y Gran Vía, por donde se podía transitar tranquilamente (9680 metros cuadrados).
    También hay que tener en cuenta que cuando Paseo de Gracia estaba colapsado, Gran Vía estaba prácticamente vacía y que, cuando Gran Vía se colapsó, parte de Paseo de Gracia ya había quedado vacío.

    Cerca de 350.000 ¡y gracias! son los catalanes que toda la red subvencionada (La Vanguardia, El Periódico, Avui, El Punt, TV3, Òmnium y el resto de las 1500 sucursales separatistas subvencionadas) puede convocar.

    Peor aún resulta para los separatistas el recuento de la empresa especializada Lynce, habitualmente citada por los medios cuando interesa destacar lo relativamente reducido de la asistencia a manifestaciones no gratas al sistema. Según sus mediciones, la cifra total de manifestantes fue de 62.000 (sesenta y dos mil), con una estimación de error al alza del 20% (es decir, un máximo de 74.000).

    Parece que, como en los ridículos referenda separatistas de los últimos meses, la participación ha sido tan insignificante que no merece atención. Según el censo oficial de población, en el año 2008 el actual territorio de Cataluña tenía 7.364.078 habitantes. Si se suman los inmigrantes, en particular los mahometanos (a quienes los separatistas se esfuerzan en sumar a sus filas), la población real a esta fecha puede estar en torno a los 8.500.000. Tras casi cuarenta años de control nacionalista de la enseñanza, los espectáculos y los medios, y a pesar del despliegue mediático y económico, de las presiones y chantajes constantes y del apoyo de los más destacados eclesiásticos de la región (los más modernistas de España, junto con los de las Provincias Vascongadas), el porcentaje movilizado resulta escasísimo.

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