Las limitaciones de la
visión materialista y de los mitos racionalistas triunfantes en el actual mundo
secularizado han conducido de manera indefectible a un estado de conformismo
social ante las contradicciones, improvisaciones y ocurrencias de los poderes
públicos, que siempre acaban sucumbiendo ante la inutilidad de su gestión a la
tentación confinadora y liberticida.
La tentación
confinadora más que a una previsión para contener la transmisión del
coronavirus o proteger a los sectores más vulnerables al desarrollo de la
enfermedad responde a las incapacidades de un sistema de asistencia sanitaria
en crisis desde la llegada de los gobiernos del régimen del 78. El insigne y
admirado Dr. Alberto Ruiz de Galarreta desarrolló en cientos de artículos la
aproximación más neta desde el tradicionalismo y el propio desempeño
profesional a la problemática de la asistencia sanitaria. Por ejemplo en el
número 4 de la revista La Santa Causa,
de abril de 2003, contraponía la enunciación abstracta y declarativa, típica
del constitucionalismo liberal y su secuencia desiderativa, del “derecho a la
salud” frente a la concreción de la Tradición del “derecho a la asistencia sanitaria”.
Y advertía contra la pretensión estatalizante que se escondía bajo el paradigma
de lo “público”, señalando como respuesta y solución la aplicación práctica del
principio de subsidiariedad. El cual, a su juicio, ya había sido violentado con
las previsiones del Seguro Obligatorio de Enfermedad de 1944 y sus secuencias
legislativas. Pese a esas limitaciones, derivadas de las tendencias estatistas
del franquismo, lo cierto es que comparativamente la asistencia sanitaria en
aquellos estaba proporcionalmente mucho mejor asegurada que en la actualidad y
la mayoría de las camas de UCI aún hoy disponibles proceden de aquel periodo.
Hubo carlistas que ocuparon algunos puestos en aquella gestión, como Javier
Astrain Baquedano, jefe de la Comunión Tradicionalista en Navarra y delegado en
el Viejo Reino del Instituto Nacional de Previsión, bajo cuyo impulso se erigió
el Hospital Virgen del Camino. También se puede citar el ejemplo de Víctor
Legorburu para asegurar el Hospital de Galdácano, tras muchas luchas (cordiales)
en el seno de la Diputación de Vizcaya, y que tras su vil asesinato iba a
llevar su nombre, compromiso que al final no se llevó a cabo. El carlismo había tenido una gran experiencia en la gestión sanitaria en tiempos de crisis y de guerra, cuya ejemplificación más notable fue el Hospital de sangre Alfonso Carlos I de Pamplona y en sus filas siempre han militado, y militan, destacados profesionales de la medicina.
Esa clase política
nefasta que destruyó el hospital Virgen de los Llanos, privándonos de una
herramienta esencial para evitar que la actual o futuras enfermedades infecciosas
se conviertan en pandemias, ha sido incapaz en el año que llevamos desde que se
conoció la existencia del coronavirus de arbitrar una asistencia sanitaria ante
las nuevas olas infecciosas. Lejos de proveer inversiones en este ámbito, pese
a abrasarnos a impuestos, han seguido sus nefastas agendas de ideología de
género, memoria histórica y otros gastos superfluos, siendo al final la
asistencia sanitaria privada quien evita colapsos asistenciales mayores. Pero
aún contando con la iniciativa privada que tanto se ha desarrollado, solución
ineficaz actualmente pues sólo atiende a criterios mercantiles, el ratio de
camas por habitante en Albacete y en toda España sigue siendo muy inferior a
los de la etapa preconstitucional.
Son los mismos políticos
que no hicieron nada para impedir que el coronavirus chino cruzase nuestras
fronteras. Prefieren encerrar y controlar a todo el mundo, desentenderse de los
grupos de riesgo, abocar a quien pueda a contratar seguros privados
mientras sigue pagando impuestos inmorales, y que sea una vez más la parte sana
de la sociedad quien desinteresadamente haga donaciones a los hospitales y
trabajadores sanitarios, cosa mascarillas o improvise EPIs.
Sólo recuperando los
principios del derecho público cristiano, con la armonización de las
iniciativas de las entidades públicas y de la sociedad civil, alejadas del
interés mercantilista y desterrando la demagogia del derecho “a la salud”, se
puede asegurar una asistencia sanitaria digna y concreta.
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