Por un rearme doctrinal para la acción política católica.

El comité organizador del Congreso Internacional «Estado y Conciencia», de la Unión Internacional de Juristas Católicos ha facilitado estas importantes conclusiones de su congreso celebrado en Madrid. (Agencia Faro, Madrid, 14 noviembre 2009):

1. Hemos elegido el tema «Estado y conciencia» como tema central del congreso internacional de la Unión Internacional de Juristas Católicos, en primer lugar, porque se trata de un tema central de la filosofía práctica, esto es, moral, jurídica y política. Nunca está de más, por lo tanto, contribuir a esclarecer conceptos tan importantes, tanto en sí mismos como en su interrelación, para los profesionales católicos del derecho. Pero no puede ocultarse que, en segundo lugar, la experiencia contemporánea hace más urgente esa reflexión, en cuanto exige el enjuiciamiento de múltiples cuestiones delicadas en las que está implicada la relación del Estado y de su ordenamiento jurídico con la conciencia.

2. En efecto, es cierto que nuestros días puede hacerse más evidente la potencial conflictividad de la relación entre el Estado y la conciencia. Hay que tener presente que el Estado moderno nació basado en la afirmación de la libertad de conciencia, que ha conducido finalmente a constituir al poder político como fuente única de moralidad. Esto se ve con claridad en la vida interna de los Estados y en la de las organizaciones internacionales. Así, los criterios con que se pretende evitar el contagio del SIDA o regular la natalidad presuponen la exclusión de cualquier normatividad moral de origen religioso. Al mismo tiempo, el Estado separado de la Iglesia también tiende a negar la presencia de la fe en la educación o en la vida social. He ahí el dinamismo por el que el liberalismo descristianiza, como se hace patente en un mundo en el que los paradigmas de la modernidad fuerte se disuelven en un discurso de matriz nihilista.

3. Hay que distinguir, con la recta filosofía y la doctrina católica, entre libertad «de» conciencia y libertad «de la» conciencia. La segunda, que la Iglesia defiende, no es sino el reflejo de la ley moral objetiva inscrita en la conciencia, en todas las conciencias. La primera, en cambio, que es la de la cultura moderna, y la que se ha impuesto, supone la reclamación de una autonomía moral subjetiva.

4. Las consecuencias políticas de la distinción no son pequeñas. Porque la libertad «de» conciencia lleva al individualismo exasperado, que se resuelve en una visión del derecho positivo como pura fuerza, y que presupone el concepto de libertad negativa, esto es, la libertad sin regla. Pero afirmar que todas las concepciones morales y religiosas tienen derecho de ciudadanía, con el único límite de que los actos que provengan de las mismas no dañen a otros, implica sostener que cada uno puede, en la esfera privada, hacer lo que le plazca. El hecho de drogarse, rechazar transfusiones de sangre necesarias, tener varias mujeres o evadir capitales al extranjero, por poner casos de distinta densidad, se convierten en problemas insolubles.

5. Hoy adquiere un protagonismo sin precedentes limitar y, en su caso, resistir las injerencias estatales en la conciencia. Una primera solución conduce hacia los terrenos de la objeción de conciencia. Conviene, sin embargo, trazar aquí una distinción paralela a la que acabamos de hacer sobre la libertad de conciencia. Hay también una objeción «de» conciencia y una objeción «de la» conciencia. E igual y lógicamente la primera resulta ajena y contraria a la cultura católica; mientras que la segunda no es sólo aceptable sino que puede resultar incluso obligatoria en función de las circunstancias. Por eso, en nuestros tiempos, se oye hablar mucho de objeción de conciencia. Y bien está en cuanto supone el rechazo de leyes esencialmente injustas. Aunque con frecuencia lleva consigo una cierta ambigüedad, por el contexto de afirmaciones políticas en que se formula, y que no siempre discierne con claridad la objeción «de la» conciencia respecto de la objeción «de» conciencia.

6. De ahí que la verdadera resistencia ante las injerencias de parte del Estado debe venir acompañada de la auténtica afirmación de la doctrina política católica. Ésta es la que sostiene que el Estado (o mejor, la comunidad política) es un instrumento del orden que se funda sobre una invariante moral, de modo que cuando se prescinde de ella no sólo se rechaza el que podríamos llamar «Estado católico», sino que es el propio «Estado» el que desaparece. No es frecuente, sin embargo, escuchar este tipo de afirmaciones en el mundo católico contemporáneo, quizá porque ha sido engullido (aun inconscientemente) por la cultura liberal.

El nuevo presidente de la Unión internacional de Juristas Católicos es Miguel Ayuso Torres, Profesor Ordinario (catedrático) de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid), Presidente de la Confederación Española de Juristas Católicos y Director Científico del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II, entre otros cargos.

Desde El Matiner trasmitimos nuestra enorabuena al profesor Ayuso por este importante nombramiento.

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