¿Una excomunión selectiva?

Todavía en marzo de 2006, la Conferencia Episcopal se congratulaba de que la Iglesia española, “iluminada por el reciente Concilio Vaticano II y en estrecha comunión con la Santa Sede, (…) colaboró decididamente para hacer posible la democracia” e hizo posible la Constitución de 1978. Y es que la CEE, siguiendo las directrices del liberalismo católico, ha mantenido la independencia del poder político respecto de la Iglesia y ha desautorizado sistemáticamente cualquier grupo o partido que se haya denominado católico. Su idea es que la Iglesia debe ser tratada como una sociedad particular, dentro del régimen democrático, y que su actuación ha de limitarse a vivificar la sociedad desde abajo, sin influir directamente en la política.

Semejante concepción no sólo contradice la enseñanza multisecular de la Iglesia, sino que es además irrealizable. Como toda sociedad fundada en la soberanía popular acaba por entrar en conflicto con las doctrinas de la Iglesia, a ésta, privada por propia voluntad de cualquier apoyo político directo, sólo le queda enzarzarse en actuaciones indirectas y taimadas, de resultado contraproducente, porque escandalizan a los fieles, sin llegar a modificar la actuación gubernamental.

En apariencia la Conferencia Episcopal no ha hecho sino cumplir con su deber, cuando ha señalado que los católicos no puede ni aprobar, ni dar su voto, a la nueva ley del aborto y que “deben recordar que si lo hacen, se ponen a sí mismos públicamente en una situación objetiva de pecado y, mientras dure esta situación, no podrán ser admitidos a la Sagrada Comunión”. Sin embargo, tan benemérita declaración ha quedado empañada por los elementos de arbitrariedad y ambigüedad que contiene.

El primero y más evidente se refiere a quiénes se ven afectados por ella y, en especial, a si el residente de la Zarzuela, D. Juan Carlos, cae o no bajo esa sentencia al sancionar esa ley. Cualquiera sospecharía que la respuesta a tal pregunta debe ser afirmativa, sospecha que ha sido corroborada por eminentes eclesiásticos, como Mons. Roig Plá y, más claramente, por Mons. Barreiro, Director de la Oficina en Roma de Human Life International: “Estamos convencido –dice– que Juan Carlos de Borbón ha incurrido en una excomunión latae sententiae, debido a que su decisión traerá como consecuencia directa un grave e inmoral aumento del aborto”.

Sin embargo, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Mons. Martínez Camino, atosigado por lo periodistas, hizo una declaración contraria a la de Mons. Barreiro, aduciendo razones ininteligibles. La verdad es que uno no sabe si los periodistas entendieron bien cuando le atribuyeron enormidades como la de justificar que D. Juan Carlos es una excepción porque “su caso es único, con una moral distinta”. De todos modos, en la confusa palabrería del portavoz, quedó claro que la CEE no extiende su declaración de excomunión hasta D. Juan Carlos.

Lo extraño es que Martínez Camino no haya querido salir airoso del trance, diciendo algo tan obvio como que los obispos no tienen jurisdicción en ese caso, pues según el Código actual de Derecho Canónico, “es derecho exclusivo del Romano Pontífice juzgar en las causas acerca de quienes ejercen la autoridad suprema de un Estado” ( c.1405 § 1 y c. 401). ¿Por qué no lo hizo? Sólo se me ocurre una respuesta: si lo hubiera hecho, la CEE se habría visto obligada a solicitar de la Santa Sede que examinara el caso, con lo cual se hubiera enfrentado, por una parte, a la Constitución, que no prevé la posibilidad de que D. Juan Carlos no sancione las leyes parlamentarias, y, por otra, al régimen democrático, que no reconoce autoridad alguna a la Iglesia para influir sobre la legislación. Pero la CEE no está dispuesta a abandonar su decidido apoyo a la democracia y a la Constitución.

La segunda cuestión que plantea esta exclusión de la comunión atañe a su limitación a quienes han votado la última ley del aborto. Parece que esa excomunión ya debería haberse fulminado con motivo de la anterior ley del aborto y de leyes como la de la píldora abortiva “del día después”, y no sólo sobre los que las votaron, sino también sobre quienes no las abrogaron cuando tuvieron en el poder. ¿Qué explicación tiene esto? Sólo se me viene a las mientes que la CEE ha querido que la sentencia recaiga exclusivamente sobre los políticos del PSOE y de los partidos que le apoyan en esta legislatura, exonerando a quienes, desde el PP, han colaborado, por acción u omisión, con la legislación abortista.

Es difícil que nos quiten la impresión de que la Conferencia Episcopal, empeñada en mantener su apoyo al sistema constitucional, pero privada por sus prejuicios liberales de cualquier influencia directa sobre la cosa política, ha recurrido al astuto procedimiento de lanzar anatemas selectivos para favorecer al partido de la oposición, en detrimento del partido gobernante, cuyo laicismo militante ha terminado por desatar su irritación. Si esta interpretación responde a los hechos, prefiero dejar al juicio de otros su calificación moral; si es errónea y hay otra explicación, sólo cabe exigir una “explicación extensísima y detalladísima”, como ya indicó Manuel de Santa Cruz en el número anterior de Siempre p’alante.

José Miguel GAMBRA (Publicado en Siempre p´alante nº 627)