LO DICHO, PLUTOCRACIA.

(de la Agencia Faro)

Sumido el mundo entero en una crisis provocada, en primer lugar, por la especulación financiera (señal del agotamiento de la segunda prórroga del sistema capitalista, que muerto ya a principios del siglo XX, se embalsamó merced a dos guerras mundiales), y España en una recesión sin precedentes desde la década de mil novecientos cuarenta (pero con agravantes, como la práctica desaparición del sector productivo y el desplazamiento y desarraigo de las poblaciones), las decisiones políticas no hacen sino causar más alarma.

La huida hacia adelante del Gobierno (de ocupación) de España y del resto de la clase política, de todos los partidos, está poniendo en peligro lo poco que queda de viejas instituciones que proporcionaban una cierta seguridad.

Es el caso de las cajas de ahorros. Algunas, como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid (Caja Madrid) remontan sus orígenes al Antiguo Régimen, antes de la Revolución liberal. El resto fueron en gran parte fruto del esfuerzo por fomentar la industria y por librar de la usura a los humildes, impulsado por lo mejor del clero y de los seglares católicos, a menudo carlistas.

Desde la imposición del régimen constitucional/autonómico, en 1978, y de la consiguiente proliferación de mini gobiernos y de cargos políticos, las cajas de ahorros han sido utilizadas por éstos para sus intereses. Se las forzó a imitar en sus prácticas a los bancos --liberados éstos por la democracia de cualquier limitación o freno moderador-- y últimamente se las utilizó para proyectos especulativos tan peligrosos, que han terminado obligando a intervenir al Banco de España, como ocurrió a fines de marzo pasado con la Caja de Castilla la Mancha.

El nombre de ésta última es revelador de otro proceso que ha dañado el papel social y la reputación de las cajas, poniendo a la vez en peligro su futuro: la fusión de las mismas, provocado por los políticos autonómicos, ansiosos de prebendas y de "bancos centrales" a su servicio.

El Gobierno parece ahora empeñado en estimular esa política de fusión, ad nauseam, y en convertir a las cajas de ahorros en sociedades anónimas. Se pondría así fin, definitivamente, a su naturaleza mutual, a sus fines sociales, a su misma existencia. Ninguna caja de ahorros ha sufrido dificultades por ser fiel a sus propósitos fundacionales, ni por ser pequeña. Algunas de las más pequeñas han sido ejemplo de solvencia y buena administración, mientras que las más grandes se han puesto en peligro por habérselas forzado a comportarse como bancos de inversión.

Aprovechando el sopor del verano (que como período de inactividad, que no de vacaciones, es otra de las aportaciones del liberalismo a la vida política y económica española), en los últimos días se ha anunciado la fusión de las cajas de ahorros de Sabadell, Tarrasa y Manlleu, impulsada por el separatista gobierno autónomo de Cataluña. Han trascendido las negociaciones para la fusión de la Caja de Ahorros de Guadalajara con Caja Badajoz, Caja Extremadura y Cajasol. A la temida y anunciada fusión de Caja Duero (Caja de Ahorros de Salamanca y Soria) con Caja España, puede sumarse Caja de Burgos (la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Burgos, de la que fue muchos años presidente José María Codón, q.s.g.h.). Una de las más solventes, la Caja de Ahorros de Asturias, está siendo sondeada para la fusión por Caja España y por entidades gallegas, de nuevo con el aplauso y el impulso de los políticos del sistema. Y Cajasur, la única gran caja de ahorros que todavía estaba (más o menos) bajo control diocesano, parece abocada a fusionarse con Unicaja, quedando el control eclesiástico relegado y dando entrada al PSOE a sus órganos directivos y, en consecuencia, incluso a los de la COPE, en una comunidad autónoma --la de Andalucía-- que es cortijo socialista desde su creación, hace ya más de treinta años. El preacuerdo de fusión, aprobado ayer por unanimidad por los responsables de Cajasur, pone serias dudas sobre la continuidad de la labor social de la misma, que previsiblemente lleve a partir de ahora el camino de las entidades controladas por el PSOE, IU y el PP: "inclusividad", fomento de la aberrosexualidad, subvenciones a manifestaciones "artísticas" pornográficas y antirreligiosas, etc.

Todas estas operaciones cuentan con la complicidad de los sindicatos mal llamados mayoritarios, así como de las grandes organizaciones empresariales (que suelen estar dirigidas por especuladores y por "empresarios" de obra pública y subvención). Ignoran asimismo una de las grandes ventajas históricas de las cajas de ahorros: su territorialidad, su arraigo.

Urge una vigorosa reacción social, si España y los españoles quieren seguir teniendo futuro. Una reacción restauradora, como la que el Carlismo lleva años propugnando.